PRIVACIÓN ILEGÍTIMA DE UNIVERSIDAD

La Asamblea de Estudiantes, Docentes y Autoconvocados en defensa de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, expresa que durante el transcurso de la última reunión extraordinaria del Consejo Superior de la Universidad (donde el tema a tratar era la aprobación de cláusulas transitorias en el Reglamento de Concursos Ordinarios1 sobre la evaluación de los docentes transferidos de los institutos terciarios), se han vulnerado gravosamente nuestros derechos como parte de esta comunidad universitaria, teniendo en consideración que:

1.No se comunicó a los consejeros, ni se dio a conocer al comienzo de la sesión el orden del día.

2.Se impidió el tratamiento de la carta de renuncia a sus funciones que una consejera docente puso a consideración de todos sus colegas. Se habilitó de facto al consejero suplente, sin deliberar sobre la aceptación o no del pedido de renuncia y su posible o eventual reemplazo. Actitud que desde su inicio demuestra la voluntad de aprobar un dictamen sin ningún tipo de discusión y que habilita a dos consejeros para el mismo cargo.2

3.Sin corresponderle el uso de la palabra, la Consejera Mabel Homar pidió que se vote la propuesta del dictamen por mayoría en el acto, dando por terminada la deliberación e impidiendo que se agote la lista de oradores. Tales procedimientos, viciados de forma y fondo, avasallan el derecho del resto de los consejeros a expresarse y a deliberar sobre lo propuesto.

4.La “votación” no fue efectuada a raíz de una moción de orden. Según el Reglamento Interno del Consejo Superior, para que un tema del Consejo sea votado, debe ser expuesto como ‘moción de orden’, esto es: una propuesta clara y concisa que es puesta a consideración del Consejo.

5.Se priva a los Consejeros de su derecho de pedir una votación nominal, consistente en que cada uno exponga su voto citando su nombre y apellido, para que conste en el acta.

6.Finalmente, luego de la supuesta “votación”, los consejeros seudo-representantes de la comunidad universitaria, sin mediar autorización del Consejo constituido, se retiraron del recinto dejando sin quórum la sesión. El Consejero Javier Carbol denunció los vicios de procedimiento y el carácter nulo de la votación, dado que no se había terminado la lista de oradores; explicitando de este modo la ilegalidad e ilegitimidad de lo actuado.
Las “decisiones” no sólo no respetan las normas fundamentales de una instancia de gobierno colegiada, sino que además la mayoría de los Consejeros Superiores por el claustro docente -en tanto revisten como docentes transferidos- se encuentran en una seria falta ética en la medida que votan privilegios para sí mismos. Hecho gravoso para la construcción de una Universidad que se pretende a sí misma democrática y autónoma.

De este modo se constata que el Consejo Superior Consultivo, cuya función es fundamentalmente deliberativa –en tanto no tiene carácter resolutivo hasta que el conjunto de los claustros representados en el co-gobierno se constituya como tal-, no garantiza siquiera, actualmente, el debate de las propuestas realizadas por la minoría.3

La propuesta, que el rector normalizador, Cr. Mario Mathieu, da por aprobada en declaraciones públicas, prevé una instancia de evaluación autodenominada “evaluación de desempeño docente”. Ésta contradice en todo lo estipulado por la Ley de Educación Superior y por el Estatuto de la UADER.4 Se crea para los docentes transferidos un régimen diferencial consistente en una instancia de evaluación cerrada -a la que sólo puede presentarse quien hasta ese momento se desempeña en la cátedra-, con presentación de antecedentes, una memoria de desempeño docente (confeccionada por él mismo) y el plan de cátedra; considerándose como oposición una entrevista donde se defendería la memoria y el plan presentados. El tribunal evaluador se compondría por un estudiante, un graduado, dos docentes de la casa y un docente externo. Tal conformación contradice lo estipulado por la Ley de Educación Superior en el artículo 51, respecto a la garantía de imparcialidad de los jurados.

Asimismo, la Ley de Educación Superior establece en el artículo 11 que “son derechos de los docentes de las instituciones estatales de educación superior (…) acceder a la carrera académica mediante concurso público y abierto de antecedentes y oposición”, al tiempo que el art. 28 de la Constitución Argentina enuncia: “(…) todos sus habitantes son iguales ante la ley y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad (…)”. Aún así, la propuesta “votada” en las condiciones ya descriptas ubica al docente transferido en una situación de privilegio en relación a sus pares.

Luego de esto, la comunidad universitaria expresa su reclamo -que se traduce en la Toma del Rectorado-, sintiéndose avasallada en sus derechos, al ver que se establecían formas de actuación que no se corresponden con las prácticas democráticas y republicanas; esto es: no se posibilitó la expresión de quienes disentían y querían ejercer el derecho a deliberar y proponer.5 Las acciones autoritarias se visibilizan aún más con la total impunidad de tomarse las atribuciones de cerrar las facultades y apostar guardia policial frente a ellas, vulnerando el derecho a trabajar de los docentes y a formarse de los estudiantes. Además de las agresiones públicas a la asamblea por parte del rector normalizador, quien califica a los integrantes de la misma como “hijos de la dictadura”.

El dictamen por minoría, intencionalmente desconocido como tal,6 contempla las normas vigentes citadas ut supra y la ley de creación de la UADER respecto a la situación de los derechos de los docentes transferidos. Citamos a continuación su texto:

“Artículo 1.- Establecer como requisito, la notificación por escrito (en la que constará el cargo, la dedicación y toda la información referente al concurso) al docente en situación de transferido, cuando se realice el llamado a concurso de la cátedra en la que se encuentra.
Artículo 2.- Establecer que en el caso de que alguna Unidad Académica decidiera solicitar convocatoria a concurso, el docente en situación de transferido de los precedentes Institutos, podrán presentarse o no.
En caso de no hacerlo seguirá manteniendo su estabilidad laboral, pasando a desempeñar tareas en otras áreas.
Artículo 3.- Solicitar al jurado que proponga al Consejo Superior una categoría ordinaria y una dedicación al docente transferido en situación de concurso; sin desmedro del resultado del orden de mérito obtenido.
Artículo 4.- Otorgar ciudadanía universitaria parcial a todos los docentes transferidos de la Universidad que no presentaran a los concursos ordinarios. Ciudadanía que será PROVISORIA hasta que se normalice la Universidad, condición con la que podrán participar democráticamente para elegir pero no para ser elegidos cuando se conformen los órganos de gobierno.”

Por lo tanto ponemos estos hechos en su conocimiento y en el de la comunidad toda, que nuestra postura consiste en no renunciar a la lucha por los concursos ordinarios abiertos, públicos, de antecedentes y oposición, porque entendemos que responden a la mejor tradición de la universidad pública argentina.



ASAMBLEA DE ESTUDIANTES, DOCENTES
Y AUTOCONVOCADOS EN DEFENSA DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ENTRE RÍOS



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Paraná, 03 de Julio de 2007.-