Prof. Bergallo. Carta abierta a la comunidad educativa de la UADER.

Me dirijo a ustedes con el fin de dar a conocer mi agradecimiento a los estudiantes de nuestra universidad por el ejemplo que hemos recibido de ellos, cuando el 28 de junio pasado, y luego de una escandalosa sesión del Consejo Superior de la UADER, tomaron la sede del rectorado, y también mi repudio por la serie de agravios y agresiones de los que fueron víctimas a partir de entonces. En dicha sesión la mayoría de los consejeros intentaron aprobar un régimen de evaluación cerrada para los docentes transferidos -digo “intentaron” porque una serie de irregularidades cometidas por ellos mismos la viciaron de nulidad- en abierta violación de la Ley de Educación Superior y el espíritu de la Reforma del 18, que explícitamente establecen como condición necesaria para la normalización de toda universidad la realización de concursos ordinarios, abiertos y públicos, de antecedentes y oposición, lo que fue confirmado por la Resolución 455/05 de la CONEAU, con relación a nuestra universidad, que nos recomienda “implementar los concursos públicos y abiertos por antecedentes y oposición, una vez concluido el proceso de reconversión”. Dichos concursos son indispensables como garantía de la excelencia académica, la cual, junto con otros elementos, permitirán la construcción de la universidad que nosotros anhelamos. Ante semejante avasallamiento de la ley, no quedó alternativa a nuestros estudiantes que ocupar ese mismo día la sede del rectorado, en el marco legal de la desobediencia civil, y exigiendo la inmediata revisión de lo actuado. A partir de allí fui testigo de las increíbles declaraciones del Sr. Rector, decanos y otros miembros del Consejo, ratificando la legalidad para ellos de lo actuado y la inminente resolución del rectorado que así lo confirme; como así también fui testigo de las promesas incumplidas, por parte de las autoridades, de llamados al diálogo, y, en el caso de un encuentro que finalmente se realizó, la promesa del envío del borrador de un acta acuerdo, envío que tampoco se cumplió hasta ahora. Recuerdo también las continuas presiones recibida por los alumnos, desde la agresiva intervención policial del mismo 28 de junio en el rectorado, y luego al día siguiente interviniendo diversas sedes de nuestra universidad, hasta amenazas particulares y la última intervención de militantes, que el día 24 de julio se apersonaron al rectorado para presionar a los alumnos.

Ahora bien, ese mismo 24 de julio el Coordinador de Derechos Humanos de la UADER, Prof. Alejandro Richardet denunció por todos los medios una pintada hecha en una placa homenaje a Amanda Mayor y los treinta mil desaparecidos, situada en el rectorado. Sin perjuicio del más profundo respeto que me inspira el recuerdo de los desaparecidos, debo decir que tal hecho se produjo a 25 días de la toma, transcurridos en el marco de la más absoluta normalidad (a todo esto, la placa fue pintada sólo con fibras y ya está completamente limpia). En este contexto, el cansancio de los días, el desgaste a que los alumnos y docentes somos sometidos por las idas y venidas del Rector y demás autoridades, y la indignación acumulada por tanta injusticia, puede llevarnos a pronunciar algunas malas palabras, tocar bombos o pintar alguna placa. Entonces saltó inmediatamente el Prof. Richardet a denunciar por todos los medios el hecho, el Coordinador de Derechos Humanos, el mismo que NADA DIJO PÚBLICAMENTE EN SEÑAL DE REPUDIO con ocasión de las declaraciones que había realizado el Sr. Rector, por todos nosotros conocidas, calificando a los estudiantes como “hijos de la dictadura”; y cuando un periodista le preguntó más tarde (por si hacía falta) qué había querido decir, comparó el “secuestro” de los consejeros por los alumnos el día 28 de junio en la sede del rectorado -en realidad una retención en el lugar por espacio de unos minutos, fruto de aquella sesión escandalosa- con los secuestros y las acciones de los represores en la época de la dictadura. Está claro que el Prof. Richardet, y los que trabajan junto a él en la mencionada Coordinación, y todos aquellos que cobran horas cátedras trabajando para la misma y no hicieron declaración alguna al respecto, deberían renunciar inmediatamente a sus cargos por mal desempeño de sus funciones y complicidad con los dichos del Sr. Rector. Podría decirme alguno que no lo hace porque vive de eso. Pues bien, emita su declaración de repudio, que nadie podrá actuar sobre él legalmente, porque estaría defendiendo aquello a lo que precisamente se había comprometido. Y así, no sólo no lo hicieron, sino que, pasando por alto todo aquello y las continuas presiones recibidas por los alumnos, pusieron el grito en el cielo por las pintadas de una placa, después de 25 días en los que fui testigo del excelente comportamiento de los alumnos, que incluso tomaron medidas limitando el consumo de alcohol y cigarrillos en el recinto, e impidiendo la entrada de personas alcoholizadas, que nada tenían que ver con la toma del rectorado pero se acercaban allí atraídos por los acontecimientos. Nada tengo contra estos consumos, mientras no se moleste a nadie, pero admiro a los alumnos que tomaron estos recaudos en vistas a no dar motivo alguno a las autoridades para la pronta difamación, que en la primera oportunidad, como está visto, se hizo sentir, y del modo más vergonzoso. También estuvimos esperando una declaración de los decanos sobre los hechos denunciados, que tampoco llegó.

Denuncio también la falsa información en que incurren los miembros de AGMER Claudio Frías, Alicia Carbonell, Nidia Bulos, Ruth Carenzo, Ariel Vittor, Silvia Gieco, Blanca Benavides y Sergio Elizar, en su convocatoria para una reunión del 18 de julio en donde critican “la actitud intransigente” de quienes, según ellos, lideran el conflicto. En las antípodas de esto informo a todos ustedes que las propuestas de los alumnos TUVIERON EN CUENTA LA SITUACIÓN PARTICULAR DE LOS TRANSFERIDOS, y fueron directamente ignoradas en las sesiones del Consejo Superior, y especialmente en la última. En dichas propuestas se partía del principio básico del respeto a la ley. La consigna “concursos ordinarios para todos” no representa animosidad alguna hacia los transferidos, sino la condición necesaria, como hemos dicho, para la normalización de toda universidad, a la que ellos y también nosotros pertenecemos. Y justamente porque esta universidad nació de un modo particular, a partir de institutos terciarios preexistentes, la última propuesta presentada por los alumnos -en Mesa de Entradas UADER, con fecha de entrada el 21 de junio, es decir, una semana antes de aquella sesión- sostenía que los docentes transferidos, además de conservar su estabilidad laboral expresamente garantizada por la ley de creación de la UADER, podían permanecer en sus cátedras en situación ya de docente ordinario aún perdiendo el concurso, respetándose el orden de mérito resultado del mismo; si no deseaban concursar, podían desempeñar sus horas con la realización de otras tareas. Propuesta generosa, que reconocía la historia de dichos docentes, y su esfuerzo durante todo este proceso de creación y consolidación de la universidad, pero sin violar la ley. Nada de esto se informó debidamente a la comunidad educativa por parte de las autoridades. Como tampoco la actitud sí intransigente de la otra parte, que en nada modificó sus criterios, DEFENDIENDO DE UN MODO CORPORATIVO UNA SITUACIÓN DE PRIVILEGIO, que no logro entender hasta ahora cómo a ellos mismos no los escandaliza. Debo decir aquí que los docentes antes mencionados dicen representar a los más de setecientos transferidos que hay en nuestra universidad. Pero he escuchado decir a muchos de éstos que su deseo es concursar de un modo abierto, tal como lo exige la ley, y que ante esta situación se sienten humillados. Quiero citar aquí un caso paradigmático, el de una docente transferida, que a su vez ganó uno de los concursos interinos en nuestra universidad, y miembro hasta hace poco del Consejo Superior, en representación de la lista oficial. Se trata de la Prof. Angelina Uzín Olleros quien, como ella misma se ha encargado de manifestar públicamente, puso a disposición de los demás consejeros su renuncia, con anterioridad a aquella sesión escandalosa, por las diferentes presiones recibidas. La profesora se había manifestado a favor de los concursos ordinarios, como lo proponía incluso la plataforma de la lista oficial. En el marco de aquella sesión del 28 de junio, y a través de otras irregularidades que deben ser investigadas, se nombró de inmediato -saltando por encima de toda reglamentación- un consejero reemplazante que terminó participando de la sesión. Los argumentos de la Prof. Uzín Olleros han sido también ignorados. La actitud corporativa e intransigente de las autoridades y los docentes que impulsaron todo esto ha causado un enorme daño a nuestra universidad, y en primer lugar a la imagen de los docentes transferidos. Otros hubieran sido los resultados si se hubiera cultivado verdaderamente el diálogo, en el respeto a la ley y el cumplimiento de los deberes de todo funcionario.

En la misma semana en que la UNL informa con orgullo que la carrera de Bioquímica recibió la máxima acreditación de la CONEAU -Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria- (El Litoral de Santa Fe, 25-7-07), el Sr. Rector de nuestra universidad, en declaraciones a los medios de Paraná, confiesa alegremente que la CONEAU es un organismo que no es resolutivo, y que la Secretaría de Políticas Universitarias (a la que terminamos apelando, para obtener una opinión nacional sobre todo esto) no va a intervenir porque respeta la autonomía de la UADER. Un elemento más en el daño casi irreparable que se está provocando a la imagen de nuestra universidad. Escuché decir a un docente en un programa -“Entrevistas” por canal 11- de esta semana, que la apelación de los alumnos al Rector no tiene fundamento porque son los consejeros los que resuelven el tema. Me permito recordarle que lo actuado por el Consejo debe ser confirmado por una ordenanza del Rector que todavía no se ha emitido, y que de emitirse confirmaría también la irregularidad de aquella sesión. Más aún, si el Consejo llegara a reunirse en cien ocasiones y lograra aprobar la evaluación cerrada para los transferidos, incurriría otras tantas veces en la ilegalidad. Se apeló también en el programa al caso de tres universidades donde hay antecedentes de “reválida” de concursos ya realizados. Pero en ningún caso se trata de universidades fundadas a partir de institutos terciarios, y dicha reválida se hace luego de un período de tiempo en el ejercicio de un cargo obtenido a través de un concurso ordinario en la universidad, que no es el caso de los actuales docentes transferidos. Se dijo también alegremente en el programa que la Ley de Educación Superior es resultado de la política neoliberal del menemismo, desautorizándola por esto y recordando el llamado del actual gobierno a reformarla. Dejando abierta esta discusión, nos es imposible imaginar una reforma que no incluya nuevamente los concursos ordinarios en la ley, una conquista ya irrenunciable de la Reforma del 18. Recordamos también que los docentes que obtengan su categoría de ordinarios estarán habilitados para presentarse a los cargos directivos en las primeras elecciones democráticas de la universidad, a realizarse con posterioridad a la normalización, por lo que los docentes transferidos así confirmados estarían automáticamente en condición de presentarse. Dijo también el Rector en sus declaraciones que la situación no puede judicializarse. Esto es cierto en un sentido pero no en otro. “No puede” en el sentido de que ninguno de nosotros desea ese camino, que atrasaría sobremanera la normalización de la universidad, poniendo en serio peligro la misma. Pero claro que se puede, y se debe, en el caso de que el Rector emita esa ordenanza, iniciar una acción judicial como último recurso, denunciando la confirmación que tal ordenanza haría de las irregularidades de la sesión del 28 de junio, como así también la abierta ilegalidad del contenido de la propuesta de reglamento presentada; amén de todas las demás acciones que los alumnos y docentes llevaremos a cabo en orden a una universidad más digna y más justa.

Aprovecho también la oportunidad para hacer un llamado a todos mis colegas que hasta ahora han permanecido indiferentes en este momento crucial de nuestra institución, para que definan su posición públicamente. Reitero mi admiración y agradecimiento a los alumnos que han tomado el rectorado, y a los colegas y autoconvocados que nos han acompañado. Un periodista me dijo hace unos días en una mesa de café: ‘Profesor, no conoce Ud. a los entrerrianos, aquí las cosas siempre se han manejado de este modo, no insistan porque los van a terminar echando’. No es lo peor que podría pasar. Si alguna verdad tiene lo que él dice, yo debo decir en primer lugar que los estudiantes que llevan adelante esta acción son también en su gran mayoría entrerrianos, y sueñan con una provincia y un país diferentes, y que me siento orgulloso de ellos. Que pase lo que pase ya han triunfado. Que si algo le sucede a alguno de ellos, en su situación personal o académica -y pido a todas las fuerzas cósmicas que así no sea-, los máximos responsables serán las autoridades y docentes que originaron todo esto. Todavía es posible el diálogo. Apelo a la cordura, y a la declinación de intereses egoístas y sectoriales por parte de nuestra clase dirigente.

Ni peronistas ni radicales… libres, amigos, LIBRES.




Prof. Sergio Bergallo
UADER